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Desde que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta fecha se ha venido conmemorando en todo el mundo, especialmente mediante actos realizados por las organizaciones no gubernamentales de mujeres que promueven la igualdad de género. Vale la pena recordar que se escogió esta fecha en recuerdo al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, ocurrido precisamente ese día de 1960, y que fuera ordenado por el entonces dictador de la República Dominicana, Rafael L. Trujillo. Como la propia ONU nos señala al reseñar esta fecha, la violencia contra la mujer, o violencia de género, no sólo incluye la agresión física y sexual en sus distintas manifestaciones, también la violencia psicológica, la patrimonial, laboral, entre otras. Sus perpetradores no son sólo las parejas masculinas de las mujeres maltratadas, sino todo un elenco de personas que abarca el entorno laboral y social más amplio y que llega hasta los propios funcionarios públicos encargados de combatir y castigar estas agresiones. De hecho, podrían citarse decenas de situaciones en las cuales las mujeres somos víctimas de la violencia, desde las más agresivas (como el femicidio) hasta las más sutiles pero no por ello menos importantes como las descalificaciones en público sobre las aptitudes o capacidades de una persona sólo por el hecho de que ésta sea del sexo femenino. Ahora bien, ¿es realmente posible eliminar tantas formas de violencia de género, en las que actúan tantos tipos diferentes de perpetradores? ¿Es combatir la discriminación femenina algo similar a atacar molinos de viento, como hacía el famoso personaje de Cervantes? Creemos que no; por el contrario, la lucha contra la violencia de género, es efectiva si se toman las medidas adecuadas. Para la muestra un botón: según cifras oficiales, en España durante 2008 fueron asesinadas por sus parejas un total de 76 mujeres. Para 2014, esa cifra había disminuido a 53 (pueden ver las cifras aquí). ¿Es casualidad que en seis años se haya producido una reducción de un 30% en las víctimas mortales de la violencia de género en dicho país? No. Es el resultado de aplicar políticas públicas que incluyen tanto la prevención como el castigo a este tipo de conductas, traducidas en que el Estado dedica recursos económicos y humanos a la atención de este problema y que los funcionaros a cargo de ello están cada vez más concientizados de su importancia. A su vez, estas políticas se han producido por la presión de los grupos de opinión y de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la mujer. Aunque todavía se está lejos de alcanzar la meta que la sociedad civil se ha propuesto (la eliminación de la violencia de género), es indudable que se ha avanzado considerablemente. En Venezuela, por el contrario, pese a los esfuerzos cada vez más numerosos de las ONG que abordan esta problemática, no se ha producido una mejora sustancial en la actitud de los poderes públicos con miras a resolverla. De hecho, la lucha contra la violencia de género choca contra lo que parece ser un obstáculo insalvable: la impunidad. Desafortunadamente, la gran mayoría de las agresiones contra las mujeres en nuestro país no tienen castigo alguno. Para empezar, no existen siquiera cifras oficiales que la reflejen, lo que demuestra que el Estado está consciente de su fracaso en esta área. Si bien, como señala un estudio de la CEPAL, 20 países en Latinoamérica (incluida Venezuela) han promulgado leyes para combatir la violencia contra la mujer, son muy pocos los recursos que dichos estados destinan efectivamente a este cometido, pese a que existen incluso razones económicas para hacerlo. En efecto, de acuerdo con el citado estudio del organismo de la ONU, el impacto que la violencia de género tiene en las economías de los países de la región puede llegar hasta un 3,7% del producto interno bruto (PIB). En el caso concreto de Venezuela, no hay suficientes tribunales ni fiscales del Ministerio Público para atender los casos que se presentan. Los que existen se encuentran desbordados. Pero, lo que es aún peor, varios de estos funcionarios han sucumbido a ideas machistas preconcebidas y carentes de soporte estadístico, según las cuales la mayoría de las denuncias por maltrato de género serían falsas y utilizadas por las mujeres para obtener algún tipo de beneficio sobre sus parejas. Así, es sorprendente ver cómo han ido disminuyendo el porcentaje de medidas de protección que se deben dictar, de inmediato, porque así lo establece la ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, justamente para prevenir a tiempo una agresión que ocasione la muerte de la mujer. Aunque es indudable que las políticas de prevención de la violencia de género son una de las maneras más efectivas de combatirla, no es menos cierto que sin castigo a los victimarios, no habrá prevención que valga. Si a esto sumamos el hecho de que tales políticas de prevención tampoco reciben el apoyo del gobierno que se requiere, nos encontramos con un panorama realmente desolador. Es por ello que el Observatorio Venezolano de los derechos Humanos de las Mujeres y las diversas organizaciones que lo integran, venimos trabajando unidas, sin descanso, en la lucha contra la violencia y continuaremos denunciando y exigiendo a los organismos públicos responsables: Ministerio de la Mujer, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General, entre otros, el cumplimiento de la ley, según la cual se deben otorgar recursos para prevenir, concientizar, educar, sensibilizar y también castigar la violencia de género, de lo contrario continuaremos arando en el mar.
*Abogada, especialista en Mujer y Familia Presidenta de Voces Vitales Venezuela Miembro OVDHM
@MaCristinaParra
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