INFORME ALTERNATIVO

El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, (OVDHM) presenta este Informe con nuestra visión alternativa del seguimiento de las “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a los Informes 7 y 8 de la República Bolivariana de Venezuela”. (CEDAW/C/VEN/7-8) (Fecha 20/oct/2012). Desde su creación el OVDHM ha realizado una intensa labor de seguimiento, análisis, alerta, denuncia, recomendaciones, producción documental, difusión y formación sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela, teniendo como permanentes referencias la Convención CEDAW. En oportunidades anteriores este OVDHM, integrado por 39 Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres, ha producido sendos Informes Sombra, para conocimiento del Comité.
INFORME ALTERNATIVO DE LA LISTA DE CUESTIONES Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL COMITÉ CEDAW, RELATIVAS A LOS INFORMES PERIÓDICOS SÉPTIMO Y OCTAVO COMBINADOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (CEDAW/C/VEN/7-8)

I          Marco legislativo e instituciona

1. Situación del Proyecto de Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres para la Equidad e Igualdad de Género.

Se presentó un proyecto de reforma integral del Código Penal y hace más de 15 años no se discute. Otras reformas han sido parciales. El Código mantiene su carácter abiertamente discriminatorio contra las mujeres especialmente en materia de delitos sexuales. Las ONG de mujeres han presentado varios proyectos de reformas urgentes que no se han tomado en cuenta, referidos a los aun vigentes “Delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias”; De la Violación, de la Seducción, de la Prostitución o Corrupción de Menores y de los Ultrajes al Pudor”. Eliminar el delito de seducción con promesa matrimonial y disminución de la pena del delito de violación, si el acusado alega que “la mujer no fuere conocidamente honesta”,.eliminar la reducción de la pena para varios de los delitos en caso de que la víctima sea una prostituta; eliminar que se exima de la pena en caso de violación si contrae matrimonio con la víctima, por presentar algunos ejemplos de este vetusto Código Penal que lesiona los DD HH de las mujeres y subestima el impacto de los hechos en la dignidad e integridad física y psicológica de las víctimas. Hay expresiones como “poder marital” y penas diferenciadas por adulterio para hombres y mujeres.

2. Sírvanse indicar si el plan de igualdad de la mujer que abarca el periodo 2009-20 ha sido supervisado y evaluado y los resultados obtenidos. El Estado parte tiene previsto formular un nuevo plan de igualdad de la mujer. Información sobre sus elementos fundamentales.

Desde 1999 al presente, el gobierno informó que el Instituto Nacional de la Mujer diseñó los siguientes instrumentos: Un “Plan Nacional de Igualdad de oportunidades para las Mujeres” en 2006, con líneas de políticas generales. Un Plan de “Prevención y Atención de la Violencia hacia la Mujer”, desde 2004 a 2008, del que no se conocen sus resultados o si fue mantenido por más tiempo. Las estadísticas son secreto de estado. No hay forma de acceder a ellas, ni a los órganos receptores de denuncia, ni en fiscalías ni en ningún organismo del estado. No se aplican los protocolos para atención de los casos, ni en las emergencias de los centros de salud ni en los órganos receptores de denuncia. Luego hubo un Plan de “Fortalecimiento Protagónico y Participación Sociopolítica de la Mujer” dirigido a la “promoción de la organización y participación de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer nacional, formando y capacitándolas”. Igualmente no se sabe nada sobre su ejecución.

Estos planes sin visión estratégica, tienen diseños voluntaristas, normativos, con graves fallas técnicas y metodológicas. No ha sido posible obtener información acerca de su aplicación, ya que la página web del actual Ministerio, ni del anterior Instituto, han dicho nada al respecto, ni hay fuentes estadísticas conocidas sobre las realizaciones pertinentes. Por otra parte los Informes de Gestión que anualmente presenta el INAMUJER, no informan sobre el plan y sus logros. Se reducen a listado de actividades de reparto de bienes, y subsidios y número de beneficiarias. Estos informes no reflejan las propuestas de los planes.

En los meses de agosto y septiembre de 2013, el “Consejo Patriótico de Mujeres”, como parte del “Gran Polo Patriótico”, presidido por el propio Presidente H. Chávez, como parte de la campaña electoral, en seguimiento de las líneas contenidas en el “Plan Patria”, propuesto por el Gobierno para el presente período, presentó un Plan para las mujeres bajo el lema “Haciendo Matria en el Plan Patria”, para el período 2013-2019. Este documento redactado en base a los cinco “grandes Objetivos Históricos” del Plan Patria, añadió en cada uno de ellos los “Aportes de las Mujeres a la Patria.

Fue un documento claramente normativo, doctrinario, y disperso en su sometimiento al Plan Patria, Parece haber desaparecido a la muerte de Chávez. El actual Ministerio de las Mujeres y la Igualdad de Género entregó hace pocos meses al Presidente de la República el “Plan de Igualdad Mama Rosa”, titulado así, “en honor de la abuela del fallecido Presidente Hugo Chávez”. Al diseño del plan solo fueron convocadas las organizaciones afectas al régimen de gobierno. Sus contenidos son igualmente normativos y carecen de indicaciones de la factibilidad financiera y político administrativa que requiere todo plan, aparte de las notables fallas técnicas y metodológicas de los anteriores. Se desconoce si hay un mecanismo de seguimiento y no hay modo de hacer seguimiento a su cumplimiento.

Información actualizada sobre la labor del Subcomité de Estadísticas de Género..

Hace 4 años el Instituto Nacional de Estadística, INE, creó una Subcomisión a cargo del diseño de estadísticas género sensitivas y una mesa de trabajo encargada del diseño de un protocolo de compilación de información sobre violencia contra las mujeres. Las primeras estadísticas desagregadas por sexo aparecieron en 2012 en aspectos demográficos y en los principales indicadores de la actividad laboral. Todavía no se ha puesto en marcha la colección de información estadística sobre violencia.

En el Índice del PNUD sobre la Desigualdad de Género, en 2012 Venezuela obtuvo un valor de 0,466, lo que la ubica en el puesto 93 de los 148 países que participaron en esta medición particular, lo que le reporta una caída en relación con 2011, cuando tuvo un índice de 0,447.

3. Medidas específicas adoptadas para eliminar las barreras institucionales, sociales, económicas y de otra índole que enfrentan las mujeres para obtener acceso a la justicia. Resultados alcanzado

II          Acceso a la justicia

Las mujeres venezolanas carecen de los recursos elementales que les garanticen el acceso a la justicia: no cuentan con instancias y recursos judiciales suficientes, eficientes, imparciales, no discriminatorios, para atender las necesidades en materia de investigar, sancionar y reparar los hechos y prevenir la impunidad que impera. La ausencia de atención va desde la desaparición de la Sub-Comisión dedicada a la Mujer en la Asamblea Nacional, existencia de fallas grave en el seguimiento a la preparación de los receptores de denuncias, en los presupuestos asignados y su contraloría; además la exclusión de ONG independientes cuyos fondos fueron “secuestrados” para esta lucha hasta la ausencia de apoyo comunitario e institucional regional para atender la situación. Es grave la falta de continuidad en la capacitación de funcionarios/as, y la creación de nuevas instancias legales sin información accesible sobre los resultados de su gestión (Red de Capacitación de Ministerios Públicos, Red de Justicia Mujer del Poder Judicial).

La Comisión Nacional de Justicia de Género no ha diseñado ni dictado, hasta la fecha, políticas judiciales tendientes a optimizar el sistema de justicia de género adaptado a las necesidades y realidad social del país. La Comisión se ha limitado a realizar, en los cuatro años de creada, tres talleres y un conversatorio con operadores del sistema de judicial, pero no se conocen medidas especificas para mejorar el funcionamiento de la administración de justicia y la efectiva implementación de la ley.

El funcionamiento de los Tribunales en general y más aún en materia de violencia contra la mujer, es cada vez más deficiente, con procesos judiciales largos, dilaciones indebidas y re victimización. El OVDHM confirma que solo un pequeño porcentaje de los casos de violencia contra la mujer denunciados en el Ministerio Público llega a los Tribunales y de ellos una minoría consigue sanción legal. De acuerdo a la información procesada por el OVDHM: los operadores del sistema de justicia, jueces y fiscales especializados no están adecuadamente capacitados para interpretar la ley contra la violencia a la mujer ocasionado diferimientos injustificados de audiencias, sobreseimiento de la causa y pérdida de los archivos fiscales y judiciales. Se solicita a las víctimas, la presentación obligatoria de informes psicológicos, psiquiátricos y sociales sobre su condición personal, para dar curso a la denuncia y en algunos casos, para dictar las medidas de protección y seguridad, cuando los servicios para obtener estas evaluaciones son muy escasos. El acceso a la asistencia jurídica gratuita para las mujeres de escasos recursos es claramente insuficiente.

4. Detalles más completos sobre denuncias de violaciones de los derechos de las mujeres recibidas por el Ministerio Público. Además, por favor actualicen los datos proporcionados para el período 2011-2013.

En Venezuela no hay información a la que se pueda acceder sobre detalles y datos de las denuncias sobre violencia contra la mujer; además de la inexistencia de datos hay obstáculos para quienes los solicitan. La Comisión de Justicia de Género no ha creado políticas sobre cómo recopilar información, y asegurar que ésta se obtenga de manera consistente y con la debida frecuencia y que se difunda efectiva y prontamente. En cifras compiladas por nuestro Observatorio, sólo un tercio de los casos tramitados judicialmente por violencia contra la mujer han tenido una sentencia. En 2010, solo 4.484 mujeres llamaron a un teléfono de ayuda para denunciar que son víctimas de maltratos. En 2012, en 35 Tribunales de Violencia contra la Mujer, se reciben 5.018 denuncias y solo el 50% llega a conclusiones. Las cifras indican que cada 15 minutos una mujer sufre abusos a manos de su pareja o ex pareja. Las cifras indican que sólo un caso de cada nueve (1/9) es denunciado pues existe desinformación de la mujer en relación con sus derechos y las alternativas y formas de ejercerlos. En los primeros 6 meses de 2013 el Ministerio Público contabilizó 30.130 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 10.352 son agresiones físicas, la mayoría no son procesadas por falta de pruebas. Las 108 Fiscalías especializadas del país reportan (2013) 61.377 casos, 1278 semanales. La mayoría de las agresiones denunciadas provienen de las parejas o ex parejas, no hay denuncias de comunidades o individualidades. Siguen siendo casos desde la privacidad que se consiguen con re-victimización institucional dejando a las mujeres desprotegidas y con dos nuevas violencias por sufrir, la patrimonial y la psicológica en la figura de manipulación agravada porque el hombre, al que la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, ) reconoce todos sus derechos como padre aunque sea el maltratador, obliga a continuar la relación a pesar de medidas cautelares; sigue siendo un asunto privado en desconocimiento de la ley respectiva.

III          Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

5. Información detallada sobre el mandato y los recursos humanos y financieros del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género

Desde los inicios del Instituto Nacional de la Mujer INAMUJER en 2000 hasta el presente, el país no ha tenido una política pública de igualdad, suficiente y actualizada, ni como política del Estado, ni como política gubernamental. La Ley de Igualdad de Oportunidades que crea las obligaciones del Estado, aprobada en 1997, nunca se ha ejecutado.

El Ministerio del Poder Popular para la Igualdad y Equidad de Género, ha sido el resultado de la fusión de tres órganos de naturaleza diversa: el Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, el Banco de Desarrollo de la Mujer, (entidad crediticia) y la Misión Madres del Barrio. La propia Contraloría General de la República en sus informes anuales señala que el Banco dio pérdidas, permanentemente, por falta de pago de los créditos a los cuales se tiene acceso a través de la Misión Madres del Barrio o de los llamados Puntos de Encuentro, que es una red de micro organizaciones de hasta 12 mujeres de los estratos de bajos recursos, que se articulan por su adhesión ideológica al proyecto del “Socialismo del Siglo XXI” o al partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela.

La gestión del ente responsable se han agravado ahora: el carácter asistemático, parcial e inorgánico de las iniciativas, que son más expresiones voluntaristas, episódicas y momentáneas, a veces no del órgano responsable, el INAMUJER, sino de funcionarios que lo deciden eventualmente como ocurría y sigue ocurriendo cuando el Presidente Chávez anunciaba decisiones en cualquier momento mientras discurría en su programa dominical de televisión o de algún funcionario o funcionaria que lo decide eventualmente y que a veces desaparece por carecer del apoyo presidencial. Lo mismo sigue haciendo el actual Presidente.

Se mantiene el predominio del enfoque mujerista, maternalista y asistencialista de los escasos programas propios. El INAMUJER se articuló a las “Misiones” o programas autónomos con fondos propios, que creaba el fallecido Presidente y creados para las mujeres, tales como “Madres del Barrio”. y las Misiones sobre el tema educativo y de salud, pero no gestionadas por el INAMUJER. Se presentaron acciones gubernamentales a favor de las mujeres pero sin la iniciativa institucional. La Misión Madres del Barrio, fue creada para luchar contra la pobreza femenina, con un subsidio equivalente a un 60 a 80% del salario mínimo, para “favorecer su acceso al trabajo productivo”. Este aporte, que es discrecional, ha sido políticamente manipulado y lo cierto es que devalúa el sentido del trabajo de las amas de casa en situación de extrema pobreza haciéndolas dependientes de una dádiva gubernamental. Es importante indicar que INAMUJER y el Ministerio mantienen la exclusión casi total de las personas y ONG no afectas al régimen oficial, de cualquier convocatoria vinculada a la definición de planes o acciones que puedan afectar a las mujeres.

La descentralización de las acciones institucionales se da en pocos casos y sobre sus programas no hay rendición de cuentas o informes accesibles; y no hay desconcentración sectorial en ningún ministerio y por ello, no hay indicación confiable o accesible de iniciativas de transversalización de la igualdad en las acciones del Estado.

6. Información adicional sobre el mandato de la Defensoría, y precisar si ésta se ocupa de las denuncias de discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos que abarca la Convención.

No existe información a la que se pueda acceder para conocer las ejecutorias de este organismo. Eventualmente en la página web del Instituto Nacional de la Mujer, aparecen algunas informaciones dispersas sobre actos o eventos en los cuales participa esta Defensoría.

IV          Estereotipos

7. Información sobre medidas para eliminar actitudes patriarcales y estereotipos sobre la mujer y el hombre. Medidas para eliminar estereotipos en medios de difusión, presentación de mujeres y niñas como objetos sexuales. Dificultades aplicar Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

No existen campañas en medios públicos ni privados de difusión masiva, para contrarrestar los estereotipos patriarcales, estimular el cambio hacia valores de igualdad de género en los medios publicitarios y en la programación de canales de televisión. No se supervisa ni sanciona el sexismo de los medios de comunicación ni publicitarios, ni siquiera en los propios medios oficiales. Desde el gobierno se hace uso sólo formal y parcial del lenguaje no sexista, El discurso de las figuras tanto del gobierno como del Partido Socialista que lo apoya (PSUV) cotidianamente emplea la violencia verbal sexista y discriminación de género hacia figuras femeninas del sector opositor en términos hasta grotescos. Hay un alto nivel de violencia mediática que ha dado lugar a la autocensura de los medios que no reportan las actividades de grupos opositores. Gran parte de la población recurre a canales extranjeros como NTN24 (colombiano) y CNN (norteamericano) por el blackout informativo en los medios de comunicación públicos y privados que existen en el país. La ya muy escasa prensa escrita dispuesta a publicar la realidad de lo que ocurre, esta siendo presionada desde hace mas de un año al cerrarles la asignación de divisas para la importación de papel. Ya han cerrado nueve (9) y los pocos que quedan han reducido sus páginas al mínimo, ante el fin de las reservas.”

Hay un proceso creciente de violencia de género por parte de funcionarios policiales, como los ocurridos en protestas cívicas, de gran impacto comunicacional, donde fueron asesinadas mujeres jóvenes víctimas de cuerpos represivos del Estado: Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. Como el caso de Geraldine Moreno.” asesinada por disparos de perdigones a quemarropa en la cara o el de Génesis Carmona asesinada de un disparo a la cabeza con bala 9mm (prohibida en manifestaciones), por grupos parapoliciales apoyados por el Gobernador del Estado Carabobo..” Estos son hechos ampliamente documentados fotográficamente por asistentes a las marchas de protestas y colgadas en las redes sociales el mismo día de los sucesos. Se observa la inacción de las funcionarias llamadas a intervenir en todos los casos de violencia contra las personas (Defensora del Pueblo y Fiscala General).

V          Violencia contra las mujeres

8. Dificultades para aplicación de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y medidas para superar esas dificultades. Informar sobre enmienda propuesta para incorporar como delito penal el feminicidio y se impongan las penas correspondientes.

En Venezuela actualmente los derechos consagrados en la CEDAW y en la Constitución de la República, son letra muerta, simple objeto de manipulaciones publicitarias y retóricas del discurso oficial. Se han aprobado dos leyes sobre violencia y se reconoce legalmente como un delito público, un asunto de derechos humanos, de salud pública y educación, pero no hay planes ni acciones concretas para ponerle fin.

El personal de Fiscalías y demás órganos receptores no ha sido ni están sensibilizados, o desconocen la ley o se niegan a aplicarla. Los vacíos de le Ley o ciertas exigencias que plantea, retardan el proceso y la aplicación de medidas de protección que deben ser inmediatas a la presentación de la denuncia. Por el excesivo retardo del proceso, se difieren las audiencias, por diferentes razones (falta de comparecencia del fiscal o presunto agresor) con extremo retardo del inicio del juicio, lo cual lleva a que muchas causas son cerradas lo que lleva a un alto nivel de impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres. El Ministerio Público solicitó en 2013 que el feminicidio sea conocido por tribunales especializados en violencia contra las mujeres y castigado con 15 a 30 años de cárcel, el cambio fue aprobado por la Asamblea Nacional el 14 de Agosto de 2014 e incorporado a la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

9. Sírvanse proporcionar información sobre las causas fundamentales y la prevalencia de la violencia contra la mujer en el Estado parte.

Las dificultades para aplicar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOMVLV) van desde la desaparición de la Sub-Comisión de la Mujer en la Asamblea Nacional hasta la existencia de fallas graves en la preparación de los receptores de denuncias, en los presupuestos asignados y el seguimiento y monitoreo de las denuncias; además se han excluido de esta lucha, ONG independientes cuyos fondos fueron “secuestrados” y hay ausencia de apoyo comunitario e institucional regional para atender el problema. Hay que hacer énfasis en la falta de continuidad en la capacitación de funcionarios/as, en la creación de nuevas instancias legales sin información de resultados (Red de Capacitación de Ministerios Públicos, Red de Justicia Mujer del Poder Judicial).

En el Plan Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” no se incorporan las instancias judiciales (Tribunales, Ministerio Publico y Policías, entre otras), relaciones interinstitucionales, seguimiento visible, rendición de cuentas a la comunidad o recolección de datos y su publicación. La Memoria del Instituto Nacional de la Mujer se refiere a la memoria histórica de nuestras heroínas de la independencia.

Algunos datos provenientes de la web, investigaciones y estudios de Institutos regionales informan que las mujeres denuncian cuando la situación se hace insoportable. En 2012, en 35 Tribunales de Violencia contra la Mujer, se recibieron 5.018 denuncias y solo el 50% llego a conclusiones. Según señala el Ministerio Publico en su Informe Anual, correspondiente al 2013 hubo un total de 71.812 causas ingresadas, 8083 imputaciones en tribunales, 2333 en sede fiscal, 517 juicios lo que representa un 0,33% de la muestra general de ingresos a la Fiscalía y 454 órdenes de aprehensión.

En el 2013 la Organización COFAVIC realizó un monitoreo en 18 estados del país sobre casos de asesinatos a mujeres por su género y fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se registraron 452 presuntos casos de muertes debido a la violencia generalizada y la violencia de género en especifico, entre enero y octubre del 2013. La mayoría de las muertes son por armas de fuego (62%) y un 15% por armas blancas La mayoría se produjeron en la calle, 4 de cada 10 casos y 3 en la casa.

No existe un Plan Nacional inclusivo para atender el problema. Tampoco se ha dictado el Reglamento de la LOMDVLV, no existe el registro nacional de datos ni se publican los resultados de la aplicación de la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva que incluye la Violencia contra las Mujeres, y no se abren espacios de diálogo que incluya a las ONG

No hay datos oficiales y para conocer los alcances del problema, hay que recurrir a la “notitia criminis” o a los trabajos de algunas ONG.

10. Información sobre los albergues para mujeres víctimas de la violencia.

La ley contempla la creación de al menos un Alberge en cada Estado. De los Albergues o Casas de Abrigo se conocen solo tres que están funcionando y que son, en orden de aparición, la llamada Casa de Maracay o de Aragua dependiente del Ministerio de la Mujer, la regentada por FUNDANA (Fundación Amigo del Niño que necesita Protección. Programa de Fortalecimiento Familiar) en Caracas y la última creada por el IREMUJERES (Gobernación del Edo. Miranda).

VI          Trata de mujeres y explotación de la prostitución

11. Información sobre la trata de mujeres y niñas en particular en las zonas fronterizas. Plazo para la aprobación del proyecto de ley sobre la trata de personas (párr. 92).

No hay conocimiento fiable ni sistemático de los alcances de la prostitución en el país, ni existe un programa que le de atención sistemática. La ONG nacional “Asociación De Mujeres Por El Bienestar Y Asistencia Recíproca”, AMBAR, desde 2006 ha presentado al gobierno (INAMUJER y MINMUJER) diferentes proyectos con una base de investigación sobre la situación de prostitución y explotación sexual en varias regiones del país, dirigidos a mujeres, niñas y adolescentes, en la zona de fronteras, poblaciones indígenas, zonas mineras, zonas petroleras, zonas pesqueras con la población de mujeres desplazadas por la situación de Colombia. A pesar de que el Comité CEDAW viene exhortando al gobierno venezolano desde 2006, para que de respuesta a la situación de prostitución y trata de personas, la propuesta de AMBAR nunca ha recibido respuesta de ningún ente del estado.

Lo único que hace el gobierno es mantener “el carnet rosado” para las trabajadoras sexuales. AMBAR ha solicitado su eliminación para el “control de prostitutas” desde el año 1995, por ser discriminatorio y sin claro propósito. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio responsable que es el de salud. La mayor parte de las personas dedicadas a la prostitución son personas jóvenes, y mujeres, principalmente y quienes las solicitan son, en su mayoría, hombres.

Aplicación del Plan de Acción Nacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y sobre el progreso alcanzado a ese respecto. Marco jurídico vigente relativo a la prostitución, el alcance de la prostitución en el país y la asistencia disponible para las mujeres que desean dejar de ejercerla.

El Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz a través de la Dirección de Prevención del Delito diseño el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y fue llevado como anteproyecto de ley a la Asamblea Nacional para que fuera sancionado como esto fue en el año 2007 hasta la fecha en la Asamblea no le han dado curso. El proyecto es considerado como tema político. A pesar de esto el Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC creó una Oficina de Trata de Personas y el Ministerio Publico designó algunos fiscales con competencia nacional, para el tema de trata de personas. Ninguna de estas dos dependencias a cargo del tema proporcionan información o estadísticas de lo que hacen, ni hay un sitio web para acceder al conocimiento de su gestión. A demás ha que resaltar que Venezuela no cuenta con campañas de prevención y atención a las victimas de trata.

El gobierno venezolano, no ha desarrollado ningún tipo de iniciativa conocida para desalentar la demanda de la prostitución, cómo recomendó el Comité anteriormente (CEDAW/C/VEN/CO/6, párr. 28). Se trata de un tema sobre el cual no hay ningún tipo de acción preventiva. Basta ver la publicidad notoria que existe en los diarios sobre la oferta de personas dedicadas a tales actividades.

VII          Participación en la vida política y pública

12. Información de la aplicación plena y efectiva de la resolución de paridad y sus efectos en la representación de las mujeres en la Asamblea Nacional y en otros cargos

En 2008 el Consejo Nacional Electoral (CNE) creo unas “Normas para regular las postulaciones de candidatas o candidatos a Gobernadora o Gobernador, Legisladora o Legislador al Consejo Legislativo, Alcaldesa o Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, Concejala o Concejal al Cabildo Metropolitano de Caracas, Alcaldesa o Alcalde del Distrito del Alto Apure, Concejala o Concejal al Cabildo Distrital del Alto Apure y Alcaldesa o Alcalde de Municipio, para las elecciones a celebrarse en noviembre de 2008 en esos específicos cargos solamente, en las que estableció que las postulaciones debían ser paritarias con 50% para cada sexo. (Art.16). Esta norma solo fue vigente para esos cargos en 2008. Posteriormente las organizaciones de mujeres introdujeron la solicitud de paridad en el anteproyecto de Ley Orgánica de Procesos Electorales, (LOPE), pero no fue atendida y fue desestimada por el CNE y por la Asamblea Nacional. Luego en la discusión del Reglamente Número 1 de la LOPE, las mujeres insistieron en la inclusión de la paridad del 50%, y la respuesta del Consejo Nacional Electoral y de la Asamblea debilitó aun más la intención al incluir un artículo 45 que dice: “Las organizaciones postulantes procurarán establecer mecanismos en la selección de sus postuladas y postulados a los efectos que sus candidaturas a los cuerpos deliberantes tengan una composición paritaria y alterna, de cincuenta por ciento (50%) para cada sexo”. Esto fue un claro retroceso y los resultados de las últimas elecciones lo confirman ya que no se trata de una exigencia obligatoria.

No existe ninguna iniciativa de los poderes públicos para asegurar la existencia de medidas afirmativas que garanticen la representación equitativa de las mujeres y los hombres en las ramas ejecutiva y judicial del Gobierno. Según el Índice de Equidad de Género, Social Watch 2012, el índice de empoderamiento de las mujeres es de 28, que supone una muy amplia brecha de género (72) y el de equidad económica es de 65. En los índices de matrícula en educación se alcanza casi la paridad.

VIII          Educación

Según el Boletín de junio 2014 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, sólo el 10% de los docentes tiene formación en el área de ciencias, lo cual deja a una alta proporción de alumnos sin la formación. Sin embargo como deben ser calificados para pasar de un curso a otro, el Ministerio de Educación ordenó ponerles una calificación que sea el promedio de todas las asignaturas, aun sin haber recibido la formación. Hace mucho tiempo Venezuela no participa en ninguna prueba internacional de escolares en materias científicas porque los déficits de formación son extremadamente graves. Si bien el gobierno fabricó y regaló a las y los estudiantes de primaria y secundaria computadoras ello no ha compensado la falla docente, aparte de que en todas las asignaturas hay mensajes políticos de claro adoctrinamiento hacia el socialismo del siglo XXI.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) incorporó algunos contenidos de educación de la sexualidad en el Currículo Bolivariano en el nivel de enseñanza primaria, utilizando como estrategia su publicación en la Colección Bolivariana, único libro de texto para el alumnado. Los temas tienen una orientación biologicista. Y el gobierno estima que cumple con el enfoque de género, por que emplea “las y los” en todo el texto, muchas veces mal aplicado y distante de la propuesta de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para las mujeres y los hombres.

A pesar de que la Constitución de la República habla de manera explícita acerca de los derechos sexuales y reproductivos, en los textos no se hace referencia al tema; se aborda la violencia de género como un problema de la mujer y se perpetúan los estereotipos negativos de los papeles de las mujeres y los hombres en la sociedad. Se aborda la prevención del embarazo en adolescentes, del VIH Sida y de las ITS, de forma inconexa con los aspectos del desarrollo psicosexual y socioemocional de las y los adolescentes.

Finalmente, la carencia de formación de los docentes, representa una limitante para el desarrollo de los temas de educación de la sexualidad en el aula, con frecuencia, se asignan tareas para el hogar, las cuales no son corregidas ni discutidas en clase, por lo que los errores pueden perpetuarse en una población ávida de correcta formación.

IX          Empleo

X          Salud

Hay incremento significativo de la mortalidad materna que pasó en 2010, según cifras oficiales, de 54,92 m/cien mil nvr, con un total de 348 muertes maternas a 72,18/100.000nv para el 2012. Sin embargo, UNICEF arroja para el año 2010, una tasa de MM ajustada de 92/cien mil NVR). El aporte de las adolescentes (10 a 19 años) a la MM se estima en 17%, una cifra preocupante en un país con más de ocho millones de adolescentes y un 30% de ellas (cifra oficial) en situación de pobreza.

El gobierno, asesorado por el Sistema de Naciones Unidas, formuló una nueva política y en 2013 decidió comprar anticonceptivos, sin embargo, la inestabilidad del suministro de anticonceptivos en la red de atención primaria de salud y el incremento notable del costo de los anticonceptivos en las farmacias, amén del alto índice de desabastecimiento en el rango de los medicamentes, dificulta su obtención, persistiendo la brecha entre la maternidad deseada y la no planificad o no deseada, con las implicaciones de riesgo que esto implica, especialmente para las mujeres de sectores populares.

Las iniciativas del gobierno no logran controlar las TRES DEMORAS o retrasos en el estudio de las decisiones que acompañan a las defunciones maternas: falta de reconocimiento de los signos de alarma para las principales complicaciones del parto, dificultad para el traslado de embarazadas y deficiencias en la atención en los servicios de salud. Si las mujeres no acuden a los controles obstétricos y no están bien informadas respecto a su situación, resultará difícil controlar la primera demora. Respecto al traslado al centro de salud, nuestro país padece una grave crisis de infraestructura, así como de desabastecimiento de insumos médicos y personal de salud. , agravado cada nuevo año, por lo que la parturienta debe recorrer varios centros de salud hasta encontrar un centro de salud con cama disponible, médico e insumos, éstos últimos, generalmente proporcionados por la paciente. Si más de un 90% de partos ocurridos en el país son institucionalizados y existe una tasa tan alta de MM, se deduce que la calidad de la atención brindada está en entredicho.

Con respecto a la aplicación de la Norma Oficial para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, en el año 2013 fueron revisadas y actualizadas. En el mismo año se diseñó un Protocolo para la Atención al Adolescente, sin que se conozca cómo ha sido su distribución y manejo en los servicios de salud. Para el 2010, el MPPS refería la existencia de 80 servicios de atención al adolescente, de los cuales se desconoce su vigencia y eficacia. El embarazo en adolescentes representa un grave problema, ostentando la tasa más alta de América Latina, 91,1/ 1.000nvr a nivel nacional, representando el 23% del total de NVR en el país, según cifras oficiales . Sin embargo, entes internacionales como el Centro Latinoamericano Salud y Mujer y la Organización Iberoamericana de Juventud sitúan el índice venezolano entre 27% y 30%. En la Maternidad Concepción Palacios, ubicada en Caracas, se atiende un promedio de 150.000 nacimientos por año en madres menores de 19 años y de 15.000 en menores de 15 años. El fenómeno es más frecuente en las adolescentes de menores recursos donde la maternidad temprana se convierte en un reforzador de la pobreza: a mayor pobreza, mayor deserción escolar y a mayor deserción, mayor pobreza. En la actualidad, “Muchas preparan el tetero con refresco porque no tienen otros recursos”, refiere el Lic. Brian, Coordinador del Programa de Juventud del Municipio Sucre-Edo. Miranda.

El gobierno creó la Gran Misión Hijos de Venezuela para apoyar a madres menores de 18 años, otorgándoles Bs. 300 mensual (+/- US$ 6,00) por cada hijo, como medio “para así derrotar la pobreza acumulada históricamente,…. rumbo al Socialismo Bolivariano.” Los resultados de esta iniciativa deben ser evaluados, ya que podría el subsidio podría estimular la fecundidad en este grupo etario.

En Venezuela hay más de seis millones de adolescentes y alrededor de un 40% se halla en situación de pobreza. La Encuesta de Juventud 2013 de la Universidad Católica Andrés Bello reporta un total de 1.667.470 de jóvenes que no estudian ni trabajan, de ellos 71% son mujeres.

El aborto es ilegal y las mujeres de pocos recursos recurren a prácticas clandestinas, con riesgo de la vida. El fenómeno tiene un alto sub registro. De 2006 a 2009, la mortalidad materna se mantuvo en promedio de 63,3 por 100.000 nacidos vivos. En 2006, el 82,8% del total de muertes maternas correspondieron a cuatro causas: otras causas obstétricas (O95–O99) el 29,7%; edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10–O16), 24,4%; embarazo terminado en aborto (O00–O08) 15,5%, y complicaciones del trabajo de parto y del alumbramiento (O60–O75) 13,2%. La mayor proporción de muertes correspondió al grupo de mujeres de entre 20 y 39 años con 74,7%. Para 2009, las mismas cuatro causas de muerte materna del 2006 acumularon un total de 83,7%..

Con respecto al acceso de las mujeres a servicios de atención post aborto, este grupo se encuentra entre las víctimas de las malas condiciones de infraestructura, insumos y personal de salud en el sector público. De manera particular entre las mujeres pobres, quienes recurren a enemas vaginales con insecticidas, introducción de alambres para provocar la expulsión, entre otros. Las deliberaciones sobre la despenalización del aborto están paralizadas y no existen medidas para no penalizar a las mujeres que se someten a un aborto.

Venezuela no presenta el Informe Nacional de SIDA, desde 2011, por lo que las cifras muestran atraso y se basan en estimaciones- . 50 ONG´S suscribieron en agosto 2013 un documento que entregaron a la ministra de la salud en el que señalan que cada año ocurren 1600 muertes por sida y se diagnostican 11000 nuevas infecciones, la mayoría en jóvenes entre 15 y 24 años. Igualmente agregan que desde 2005 no existe una campaña para la prevención del VIH y las ITS, que no se distribuyen preservativos para la población sexualmente activa y que hay desabastecimiento de medicamento antirretrovirales. En diciembre de 2013, la organización Acción Ciudadana contra el SIDA denunció que en 15 estados hay fallas desde hace dos años en la dotación de leche maternizada, que obligatoriamente debe entregársele a cada parturienta con VIH. La situación sigue agravándose, para junio 2014 las embarazadas ya no pueden evitar la transmisión del virus a sus bebés por falta de fármacos: la Zidovudina, en jarabe para los bebés, terapia intravenosa y dosis orales tampoco se encuentra. Debe administrarse tres veces por lo que el último trimestre es el más importante y el riesgo de que el bebé se infecte es mayor.

El acceso al tratamiento gratuito con antirretrovirales en las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en el Seguro Social se ha visto severamente afectado, con el impacto negativo que esto produce en la salud de las personas afectadas. Esta situación ha provocado protestas y marchas por parte de las personas con el virus u organización que los atienden.

XII          Mujeres privadas de libertad

Las mujeres privadas de libertad están recluidas en una cárcel de mujeres y quince anexos femeninos y no tienen garantía de que sus derechos humanos sean respetados. Se suceden frecuentemente situaciones de extrema gravedad que no implican ningún tipo de solución para los graves hechos. Los rasgos más sobre salientes de estos casos son: no se hacen las investigaciones policiales y judiciales consistentes, los expedientes no son sumariados. Muchas veces las investigaciones se pierden pues las víctimas en prisión no son trasladadas a los organismos judiciales correspondientes, a fin de rendir declaración sobre los hechos delictivos ocurridos y denunciados en prisión; no se practican las experticias médico legales a las víctimas, los victimarios no son imputados del delito cometido y no suele seguírsele proceso judicial donde concluya alguna decisión; a veces las o los testigos de estas atrocidades no son llamados a declarar.

El 15 de Julio de 2007 más de 50 hombres drogados y con armas de fuego de la prisión adyacente asaltaron el anexo femenino en Coro- Estado Falcón. Las autoridades huyeron y dejaron en total indefensión a las 48 mujeres encarceladas las que fueron golpeadas, secuestradas y violadas masivamente. Más tarde, en vez de una investigación transparente acompañada de decisiones ajustadas a derecho, las víctimas fueron amenazadas para hacerlas guardar silencio, una quedó embarazada y dos se infectaron con VIH/ SIDA. En Marzo, 2008 la Federación Venezolana de Abogadas, FEVA, denunció la situación de total impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Otro símbolo emblemático de la corrupción y falta de garantía para los derechos humanos de las prisioneras es la jueza María Lourdes Afiuni quien fue enviada a prisión por el difunto Presidente Chávez porque ella decidió ajustada a derecho y su decisión independiente no fue de su agrado el 15 de Diciembre de 2009. Fue herida física y psicológicamente, violada en prisión y abortó como consecuencia. La presión insistente de carácter internacional hizo que fuera sometida a arresto domiciliario y aún hoy no ha recuperado el ejercicio de sus derechos humanos.