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Hebert Morillo Carrizo | hebert.carrizo@gmail.com
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, fecha establecida por la ONU el 25 de noviembre de cada año; un grupo de mujeres trujillanas lideradas por Yolima Arellano, Hilda Pérez, María Maya, Paola Rodríguez, Orianna González, Marina Peña, Imelda Peña, Iraly Guerrero, Rosa Cuevas, Carmen Viloria, Marlene Pérez, Aracelis Ramírez, Marlene Briceño, Gladys Medici, María Palomares, Claudia Carrizo, Lesbia Hernández, María Villegas, Rosa Rodríguez y María Pedreáñez, en nombre propio y del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y de Cisfem-Trujillo; denuncian la violación al derecho de las mujeres a vivir sin violencia por parte del Estado Venezolano.
La denuncia está sustentada en varios de los acuerdos que Venezuela ha convenido, mediante la ratificación de Tratados Internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Estatuto de Roma; y en leyes nacionales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Vivir sin Violencia, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal.
El caso
Las denunciantes sacan a relucir los actos presuntamente cometidos por agentes del Estado contra la Jueza Afiuni, situación que constituye violaciones permanentes y sistemáticas de derechos humanos que pueden subsumirse dentro de la normativa del Estatuto de Roma que establece y pena los "crímenes de lesa humanidad" entre los que se consideran la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.
Por tal razón, las declarantes exigen a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, al Ministerio de Interior y Justicia, al Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y demás autoridades competentes, que sean investigados, determinadas las responsabilidades a que hubiere lugar y sancionados los culpables.
"El caso de la Jueza Afiuni, es uno más de los que se vienen cometiendo dentro de las cárceles en Venezuela, por lo que constituye un símbolo para las mujeres privadas de libertad que no tienen voz, un llamado de atención a la sociedad en general sobre el horror que viven los reclusos y reclusas y un recordatorio al Estado Venezolano para que aplique la obligación internacional asumida de la "debida diligencia y establezca una política pública eficiente que dignifique la vida de estas personas de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos", refirieron.
Para finalizar, exhortaron al Estado a cumplir con la responsabilidad asumida al formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Secciones/index.php?_Sec=npol&ano=2012 -- Yolima Arellano Coordinadora Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres Núcleo Trujillo |