El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres se encuentra en la obligación de denunciar ante la opinión pública el inminente cierre de la Casa Abrigo del Estado Aragua y de exhortar a los organismos nacionales y estatales correspondientes para que tomen las medidas necesarias que eviten el cese de actividades de la única casa de abrigo dependiente del gobierno que funciona en el país.

Debemos resaltar que el artículo 32 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia establece la obligación del Estado Venezolano de crear en cada estado y en cada municipio una casa de abrigo, para garantizar el albergue de las mujeres que sufren agresiones de sus parejas y peligra su integridad, además de brindarles el apoyo psicológico, moral y social que requieren como consecuencia de estas situaciones traumáticas.

Esta obligación está contemplada además, en convenios internacionales suscritos por nuestro país, como las Convenciones CEDAW y Belén Do Pará, en las cuales los países firmantes se comprometieron a suministrar los servicios especializados necesarios para que las mujeres (y sus hijos) afectados por violencia familiar, cuyas vidas corren peligro viviendo bajo el mismo techo con el agresor, reciban la debida protección.

Así mismo, estas Convenciones que contemplan la protección de derechos humanos de las mujeres, en este caso el derecho a la vida y a la integridad física, tienen jerarquía constitucional y son de cumplimento obligatorio por parte del Estado Venezolano.

No obstante, a nueve años de la promulgación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, sólo se cuenta por apoyo gubernamental con una casa de abrigo, precisamente la del Estado Aragua, cuyo cierre parece inminente. Las otras dos casas que existen en el país funcionan, una por las gestiones de la iniciativa privada, y la otra gracias al apoyo de la Gobernación del Estado Miranda, siendo insuficientes ante el aumento de los índices de violencia contra las mujeres registrados en los últimos meses y reseñados diariamente por los medios de comunicación.

Los argumentos esgrimidos para el cese de la referida casa de abrigo, basados en la carencia de recursos económicos para mantenerla, son por demás violatorios del carácter orgánico de la ley sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y de los compromisos internacionales en la materia cuyo cumplimento resulta de aplicación prioritaria sobre otros asuntos del Estado.

Diariamente constatamos las dificultades existentes para dar cumplimiento a la mencionada ley, lo que se traduce en el desamparo de miles de mujeres que no reciben atención ni protección por parte del Estado y que ahora se agudizan, ante una nueva restricción y cercenamiento de los derechos, en medio de múltiples expresiones de violencia social que favorecen el aumento de la violencia contra las mujeres.

El cierre de la casa abrigo del Estado Aragua representaría una manifestación clara del nulo interés del Gobierno Nacional por combatir realmente la situación de violencia de género en el país, lo cual contrasta con la declaraciones de sus principales voceros en la materia.

Por todas estas razones:

1- Hacemos un llamado a la sociedad civil y cada ciudadano y ciudadana para que exprese su apoyo a la continuidad de la Casa de Abrigo del Estado Aragua, y comunique su preocupación a las autoridades que le representan.

2- Exigimos a los Gobiernos Nacional y Regional, en especial a la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, a la Fiscal General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de Género del Tribunal Supremo de Justicia al igual que al Gobernador del Estado Aragua, que realicen las gestiones que sean necesarias para dotar de fondos y recursos suficientes a la Casa Abrigo del Estado Aragua, evitando así su cierre.


En Caracas, a los 11 días del mes de julio de 2016